Para la discusión y la profundización
en torno al sistema educativo colombiano:
tópicos hacia la transformación curricular y pedagógica
El horizonte fundamental del actual gobierno compromete a las voces de las comunidades, como está dicho en la constitución de 1991, para desde allí construir las políticas públicas; se trata de transitar desde abajo hacia arriba y no al contrario como ha ocurrido con todos los gobiernos anteriores. En las dos primeras décadas del siglo XXI han prevalecido, en efecto, decisiones ministeriales asumidas desde arriba para que sean obedecidas abajo, si bien con algunas cautelas y disonancias de documentos que van por la otra vía. Estas relaciones verticales han condicionado imaginarios en la comunidad educativa cuando sus miembros consideran que todo lo que determina el ministerio en aspectos curriculares es de estricto cumplimiento, aunque en los documentos mismos el ministerio invite a la actitud crítica y propositiva y reconozca las singularidades y la autonomía de los proyectos educativos institucionales y regionales. Pero también es la doble moral, sobre todo en los documentos distribuidos entre los años 2015 a 2020 (DBA, mallas de aprendizaje, instrumentos de “diagnóstico”, libros de texto, pruebas…) en los que se declara estar apoyados en los textos que fueron legislados en la decada de 1990.
Este escrito fue depurándose en Red Lenguaje con la expectativa de propiciar las discusiones en torno a los currículos, las pedagogías, la evaluación, la formación docente, los materiales y las herramientas de trabajo en educación, la educación y la diversidad cultural, las infraestructuras para las jornadas completas (o únicas) y los estímulos docentes en estas jornadas… pues en educación los focos son estructurales. Por eso, aquí se exponen algunos de los tópicos más neurálgicos de la educación en el país. Una versión de este texto fue enviado a la supuesta “Comisión sobre currículo para la justicia social” a la que fui invitado por el viceministerio, comisión que nunca fluyó, ni siquiera para el pronunciamiento sobre lo que aquí se plantea como resultado de las dinámicas de Red Lenguaje y de las discusiones en las maestrías en educación en las cuales el autor ha participado. En consecuencia, los cambios ministeriales del mes de marzo de 2023 eran necesarios, pues este ministerio no logró despegar en el marco de lo que se ha llamado “el gobierno del cambio”.
Sobre la “Comisión Currículo para la Justicia Social”
El día jueves 3 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la primera reunión, presencial y virtual, de la comisión que el viceministerio de educación constituyó para analizar la dimensión curricular y adelantar las discusiones y los sondeos al respecto. Sin embargo, hubo ambigüedad en la constitución y en las dinámicas de dicha comisión. Por ejemplo, no se informaba si las reuniones eran virtuales o presenciales o mixtas y tampoco había pronunciamientos sobre los escritos enviados; en general, no hubo gestión sino azar y ligerezas como considerar que para resolver los problemas de la educación colombiana había que acudir a las prácticas del “voluntariado”. El documento que se puso en consideración en tal comisión ministerial recoge en esencia lo siguiente:
El tema que se introdujo en la primera reunión se sustenta en la pregunta sobre cómo lograr que los currículos se acoplen a los principios de la justicia social. La referencia a la justicia social convoca a las premisas que UNESCO ha promovido desde la década de 1990 y durante las dos décadas del siglo XXI: equidad, eficacia, diversidad, autonomía, pertinencia e inclusión, términos que transcurren también en la Ley General de Educación, de 1994. Pero el dilema está relacionado con la materialización de tales categorías, esto es, su asunción y fluidez en las prácticas cotidianas escolares, porque aquello que está declarado en la legislación no ha logrado permear con plenitud en la comunidad educativa en Colombia y, en consecuencia, este tipo de consignas resultan siendo demagógicas: “Currículos para la justicia social”.